¿Cómo se reglamentó la ley 1996 de 2019, que cambió el régimen de capacidad jurídica de las personas?
El Decreto 1429 de 2020 reglamenta los artículos 16, 17 y 22 de la Ley 1996 de 2019, que promueve la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y todo lo relacionado con el trámite de formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas ante centros de conciliación y notarías.La norma creó algunas obligaciones para los centros de conciliación, como disponer de herramientas en formatos accesibles para dar a conocer la información del servicio, facilitar la comprensión del trámite y difundir las tarifas de la actuación, brindar atención presencial o remota, apoyándose en medios tecnológicos para la recepción de solicitudes y realización de entrevistas y audiencias; implementar el protocolo de servicios de justicia inclusivos para personas con discapacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho; realizar los ajustes razonables que se requieran para garantizar la participación plena de la persona con discapacidad y disponer de los servicios de mediación lingüística y comunicacional, cuando ello sea necesario.
Será obligación también de los conciliadores(as) extrajudiciales en derecho y notarios(as), dirigir el trámite y velar por que la persona con discapacidad pueda expresar su voluntad y preferencias frente a la formalización de un acuerdo de apoyo para la celebración de un acto jurídico o directiva anticipada; será una obligación, también, identificar y realizar los ajustes razonables para asegurar la participación plena de la persona con discapacidad en el trámite y respetar en todo momento la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad.
El decreto, además, estableció algunos elementos que debe contener una solicitud del trámite de formalización de acuerdo de apoyo o directiva anticipada ante el centro de conciliación o notaría, por parte de la persona titular del acto o por quien fungiría como apoyo, el cual puede ser de manera escrita o verbal; las fases y actuaciones que debe contener el trámite donde deben quedar muy clara la voluntad del titular del acto jurídico y la gratuidad de los mismos.
El decreto, además, estableció algunos elementos que debe contener una solicitud del trámite de formalización de acuerdo de apoyo o directiva anticipada ante el centro de conciliación o notaría, por parte de la persona titular del acto o por quien fungiría como apoyo, el cual puede ser de manera escrita o verbal; las fases y actuaciones que debe contener el trámite donde deben quedar muy clara la voluntad del titular del acto jurídico y la gratuidad de los mismos.
Dicho decreto es de importancia especialmente para conocer el trámite y regulación de la formalización de acuerdos de apoyo y de directivas anticipadas, que traía consigo la Ley 1996, y de los cuales no se tenía claridad.
CLÍNICA JURÍDICA. CONSULTORIO JURÍDICO. UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ.
