César Andres Barrera Alvira - Director Tecnología en Investigación Criminal y Judicial

La crisis que actualmente afronta el aparato judicial colombiano, es tanto o más grave que los hechos de corrupción que son destapados diariamente por los medios de comunicación en Colombia, cometidos por funcionarios públicos de las distintas ramas del poder.

El origen de esta crisis, para los expertos radica, entre otras cosas, en la libertad con la que se ofrecen programas de Derecho en Colombia en los que se gradúan cientos de abogados cada año y la forma en la que éstos, ejercen libremente la abogacía en nuestro país.

Como medida para contrarrestar esta situación, por iniciativa del senador Germán Varón Cotrino y los representantes Angélica Lozano, Carlos Germán Navas, Carlos Jiménez y Jhon E. Molina, se inició el trámite legislativo, que actualmente se encuentra a punto de concluir, de una norma que pretende, además de los requisitos existentes para ejercer la abogacía, exigir una certificación de la aprobación de las Examen de Estado de Calidad en Educación Superior (Saber Pro) que realiza el ICFES.

Con esta iniciativa se busca verificar la idoneidad para el ejercicio del derecho por parte de los graduados como abogados y que sea el Estado quien certifique que el profesional cumple con los conocimientos y competencias requeridas para la representación judicial de intereses ajenos, es decir para la obtención de la Tarjeta Profesional.

Aunque en Colombia la presentación del Examen de Estado de Calidad en Educación Superior (Saber Pro) es requisito de grado, en la actualidad su aprobación no es obligatoria para la obtención de la tarjeta profesional  habilitante para el ejercicio del derecho.

La aprobación del examen de Estado será certificado por el ICFES, cuando un estudiante o egresado haya obtenido un resultado que supere la media del puntaje nacional para la respectiva prueba. 

El egresado que no alcance el puntaje mínimo requerido para obtener la certificación de aprobación de las pruebas de Estado, podrá presentar nuevamente el examen  en las convocatorias que hace el ICFES anualmente,  hasta obtener un resultado aprobatorio, toda vez que dicha certificación será solicitada por el Consejo Superior de la Judicatura para la Expedición de la Tarjeta Profesional. Lo anterior no impide que el egresado obtenga su grado como Abogado.

Igualmente contempla el proyecto de ley, que Las Instituciones de Educación Superior serán objeto de sanciones por parte del Ministerio de Educación Nacional, cuando no alcancen la media nacional al menos el 33% de los estudiantes que presenten la prueba.

Con ésta y otras medidas que estudia el gobierno nacional,  se pretenden disminuir las cifras de corrupción que golpean permanente a la administración de justicia y a otros sectores del poder público, que sean efectivas o no, dependerá de la seriedad con que los actores involucrados en el proceso de formación de los futuros abogados, afronten esta nueva medida y así se sabrá, si dio resultado y no fue otra expresión del populismo legislativo que siempre que el país se encuentra en periodos electorales, hace eco en la opinión ciudadana.